Así lo revela Segundo Estudio Nacional sobre el tema.

Por: Equipo Editorial REEM.

 

 

Franco llama la atención de algunos. Otros no lo ven. Es común encontrarlo en el centro de Talca camino a su trabajo, una oficina pública de la ciudad. Ese recorrido lo hace en una silla de ruedas.

Hace 15 años su vida dio un giro radical, a raíz de un accidente perdió sus piernas pero ganó otra perspectiva de vida. Él rompe con el estereotipo que la sociedad mayoritaria tiene respecto a las personas en situación de discapacidad. Y es que su condición está lejos de ser un impedimento: estudió, trabaja, genera proyectos, dicta conferencias, pasea en la cordillera, atiende público y un sinfín de etcéteras.

El caso de Franco no es único, de hecho, otras 155 mil 708 personas en el Maule tienen algún grado de discapacidad. Representan el 20,2% de la población mayor de 18 años. Cifras oficiales que se entregan cuando, nuevamente, la inclusión se inserta en la agenda mediática y gubernamental. Esta vez, de la mano del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad.

De acuerdo con Juan Norambuena, director del Servicio Nacional de la Discapacidad del Maule “este nuevo estudio no tiene comparación con estudios anteriores”, se refiere a la Encuesta Nacional de Discapacidad (Endisc) del 2004, el último instrumento aplicado por el gobierno.

¿Por qué no se puede comparar? En esta oportunidad, “tiene una mirada mucho más integral, ya no tanto con una mirada de salud respecto a la discapacidad, sino de los resultados de interacción de una persona en una cierta condición de salud, comparado con todo su ambiente”, declara Norambuena.

Metodología de Medición de la Discapacidad. Fuente: II Estudio Nacional de la Discapacidad 2015 http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/5255/informacion-sobre-el-ii-estudio-nacional-de-la.

 

El cambio en la metodología ha impactado en las cifras. De hecho, antes de estos datos, el Maule era la región con mayor cantidad de personas en situación de discapacidad con un 17,7%. El porcentaje aumentó pero el lugar en el ranking bajó y le dio paso a Arica y Parinacota donde la prevalencia es el 28,9%, 8,9 puntos porcentuales sobre el promedio nacional.

Es la primera vez que en Chile se realiza un estudio de tal envergadura y también la primera vez que se ejecuta en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Esto implica que se incorporaron estándares internacionales además de la participación de organizaciones ciudadanas.

Se estima que unas 2.606.914 personas en el país presentan algún grado de discapacidad. De ellas, 1.523.949 tienen una discapacidad leve o moderada, mientras que 1.082.965 personas tienen una discapacidad severa.

Estimación de la prevalencia de la población adulta en situación de discapacidad. Fuente: II Estudio Nacional de la Discapacidad 2015.

 

Son las mujeres adultas quienes tienen la mayor incidencia con un 24,9% respecto a un 14,8% en los hombres.

Llama la atención que el 40,4% del total de la población discapacitada es dependiente funcional, es decir, declaró en la encuesta tener dificultades extremas o imposibilidad para realizar actividades básicas. De ellos, el 4,9% no cuenta con asistencia pese a requerirla.

En la Endisc del 2004, una persona con discapacidad era aquella que “presentaba deficiencias de sus funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en sus actividades y restricciones en su participación como resultado de la interacción negativa de su condición de salud y los factores contextuales en los que se desarrolla”.

Actualmente la definición incluye “las condiciones de salud física, psíquica intelectual, sensorial u otras” y “las diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales” que presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad”.

Precisamente, este último punto es que aún está al debe. “No nos conocen”, dice Katherine Moya, abogada no vidente. Ella acepta que la inclusión laboral es difícil.

“Los empleadores piensan que una persona con discapacidad va a provocarles cierto grado de dificultad. En mi caso personal hay cosas que yo no puedo hacer, efectivamente, y para eso necesitaría a lo mejor un asistente. Y eso implicaría más costo”, dice.

Y es que en Chile no es obligación para las empresas públicas o privadas contratar personas en situación de discapacidad, aunque sí hay incentivos legales cuando deciden hacerlo.

Katherine trabaja con Adonis su esposo, él se encarga de leerle los documentos y asistirla cuando así lo requiere. Para él, la sociedad chilena sigue pensando que los discapacitados “son inferiores y pobrecitos”, una visión lastimera que, para él, es la causante de discriminación.

Algo que podría cambiar con un nuevo Plan Nacional de Inclusión que el gobierno planea hacer teniendo como base diagnóstica los datos del estudio. Inclusión a nivel educativo, laboral, de infraestructura que, necesariamente, deberá implicar para el resto de la población, mayor acceso a información respecto a la discapacidad. Pese a que mucho se ha avanzado, a Chile le falta un largo camino por recorrer.